Ayer el Tribunal Supremo dictó el sobreseimiento
del "caso Ruanda", el proceso en el que se investigaba el asesinato de
nuestros tres compañeros cooperantes en 1997, entre otros.
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Médicos
del Mundo lamenta el cierre del proceso judicial del "caso Ruanda"
Aunque el general
Karenzi fue detenido en Londres en junio, la justicia británica lo dejó en
libertad. Ayer el Supremo español dictó el sobreseimiento de la investigación
Madrid, 8 de octubre de 2015.- Médicos del Mundo lamenta
el cierre del proceso judicial que intentaba esclarecer los hechos ocurridos el
fatídico 18 de enero de 1997, cuando Manuel Madrazo, Flors Sirera y Luis
Valtueña fueron asesinados en la casa que la organización tenía en el distrito
de Ruhengheri, al noroeste de Ruanda, mientras participaban en un plan para
reforzar la estructura sanitaria en ese distrito. Los tres se dedicaban a la
distribución de alimentos y medicinas y a apoyar la asistencia sanitaria
directa a los cinco centros de salud de esa zona.
La
organización humanitaria entiende que un crimen de estas características no puede
quedar impune, por lo que:
- Exigimos
verdad, justicia y reparación: es decir, una investigación independiente
que identifique a los responsables de los crímenes; que estos sean juzgados y
que se establezca una reparación para las familias de las víctimas.
- Demandamos
solidaridad con el trabajo de las y los trabajadores humanitarios y
llamamos la atención ante la falta de seguridad con la que desempeñan muchas
veces su labor. Consideramos que el crimen de los tres compañeros de la
organización es un ataque contra todos y todas los que formamos parte de ella,
así como del mandato y los valores que representa Médicos del Mundo.
-Reivindicamos
el máximo respeto para los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario
(DIH), que “busca limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo
a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar
de participar en el enfrentamiento [...] y que se compone de una serie de
normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus
protocolos adicionales”. De hecho, el Derecho Internacional Humanitario pretende limitar el
sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas normas son de
obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y sus ejércitos como por los
distintos grupos armados de oposición.
Sin embargo, vemos que el DIH sigue incumpliéndose
hoy en día, cuando hospitales de Médicos sin Fronteras son bombardeados
causando la muerte de pacientes y profesionales sanitarios.
Contexto:
Karaki
Karenzi, ex general responsable de la inteligencia militar del Frente
Patriótico Ruandés durante la presidencia del presidente Paul Kagame, fue
detenido en Londres el pasado mes de junio, como consecuencia del proceso
abierto por el juez español Fernando Andreu tras la querella interpuesta en la
Audiencia Nacional por el Foro para la Verdad y la Justicia en el África de los
Grandes Lagos en 2005, por el asesinato de nueve españoles, entre los que se
encontraban los tres cooperantes de la organización. Karenzi estaba acusado de haber
aprobado el crimen.
Los tres cooperantes españoles fallecieron en enero
de 1997 en Ruhengeri (norte de Ruanda). Sirera, Madrazo y Valtueña prestaron
auxilio a los supervivientes de una matanza de unos 50 hutus a manos del Frente
Patriótico Ruandés (liderado por Kagame). Al parecer, fueron también testigos
de la existencia de fosas comunes con cuerpos de otras masacres recientes cometidas
por miembros del Frente. Pocos días después, cuatro soldados tutsis entraron en
su residencia y los mataron a tiros. Según la investigación, ese ataque fue
planificado en una reunión a la que asistió un miembro del equipo de
inteligencia que dirigía Karenzi y que declaró como testigo ante el juez Andreu.
El testigo aseguró en esa declaración que el ahora responsable de los servicios
secretos ruandeses ordenó el asesinato porque "los blancos disponían de
información sensible de las masacres que acababa de realizar el FPR".
Finalmente,
el 25 de junio de 2015 la justicia británica le concedió la libertad bajo
fianza y dispuso para los días 29 y 30
de octubre la fecha del juicio de extradición del ruandés, de 54 años y
que se oponía a su entrega a España, que le reclamaba por los delitos de
genocidio y terrorismo y el asesinato de los nueve españoles entre 1994 y 2000.
Sin
embargo, el 10 de agosto el proceso fue desestimado por los tribunales
británicos, por considerar que "las acusaciones mencionadas en la orden de
arresto" no estaban incluidas entre
las infracciones contempladas por la ley
de extradición de Reino Unido.